Con la promulgación de la Constitución de 1917, varios de los intentos en materia de seguridad y bienestar social buscados por el gobierno de Venustiano Carranza lograron llevarse a cabo a través de ordenamientos y reglamentaciones. El cine, en esta línea, también sería alcanzado por las nuevas leyes, siendo publicado en el año de 1919 el Reglamento de Censura Cinematográfica (RCC), escrito por Adriana Elhers, una de las primeras becadas por el régimen de la Revolución para estudiar cine en el extranjero, Estados Unidos fue su caso.

En este nuevo documento legislativo, a diferencia de su antecesor, el Reglamento de Cinematógrafos de 1913, queda establecida de manera oficial la figura del censor. Un censor, de acuerdo con la etimología de la palabra, es alguien encargado de ejercer un examen o crítica sobre algo en específico. Así, el artículo tercero del reglamento en cuestión, designa que en la capital de la República se establecerá, bajo la dependencia de la de la Secretaría de Gobernación, una oficina llamada “Consejo de Censura”, donde serán examinadas y calificadas las cintas antes de su distribución y exhibición.

En este sentido, el “Consejo de Censura” quedaría conformado, como ratifica el artículo cuarto del RCC, por tres personas, “las más acreditadas por su honorabilidad, ciudadanos mexicanos, y que disfrutaran de las remuneraciones que fije el Presupuesto de Egresos”: un presidente, un secretario y un vicepresidente, que serian designados a través de votaciones y ejercerían sus funciones durante tres meses.

El artículo octavo señala que: “Toda cinta o vista para ser exhibida en el Distrito Federal, Territorios y demás lugares de jurisdicción Federal debe tener la aprobación del Consejo de Censura”. Quedando estipulado, en el artículo siguiente, que sólo se aprobaran las cintas que no ofendan a la moral pública; incluso, si el Consejo de Censura lo consideraba necesario, podía realizar las modificaciones o supresiones que consideraba convenientes. La parte medular de este artículo acomete contra la criminalidad: “Quedan comprendidas en las prohibiciones de este artículo las cintas o vistas que presenten un detalle del modo de operar de los criminales, cuya impresión general sea la de la supremacía criminal, ya sea por su inteligencia, por su fuerza o por cualquier otro motivo que pueda inspirar simpatía sobre las personas o hábitos inmorales de los personajes”.

Las infracciones a las disposiciones establecidas por el RCC quedarían asentadas en los artículos 16, 17 y 18. Cualquier contravención a lo estipulado en el articulado del reglamento repercutiría en una multa de cincuenta pesos, tratándose de la primera vez, y del doble en caso de reincidencia. Si una cinta era exhibida sin haber cumplido antes con los requisitos correspondientes, además de la multa, se retiraría la licencia de apertura al público del local. Finalmente, cualquier material cinematográfico que no contara con el sello oficial aprobatorio, conllevaría a la imposición de un cargo de cinco a diez pesos.

Estas decisiones no fueron bien recibidas y originaron diversas críticas, principalmente entre directores y casas productoras. Por ello, la autora Yolanda Mercader, señala cómo el entonces ministro de gobernación, Manuel Aguirre Berlanga, explicó: “La oficina de censura cinematográfica no es anticonstitucional, yo opino que, lejos de extrañar que se haya establecido el Departamento de Censura debería de sorprendernos que no se hubiera creado antes, porque además de prevenir que se abran las escuelas de delincuencia, cualesquiera que sea la forma en que éstas se presenten”.

En este sentido, el gobierno carrancista, y de acuerdo a dicha autora, mostraba una honda preocupación por lo que los sectores populares pudieran expresar de los miembros de la clase media, y por lo tanto del gobernante. Cuando el cine se aventurara en temáticas de criminalidad, donde el villano fuera un político, abogado, sacerdote, maestro de escuela o tuviera una profesión respetable, debería de aparecer bajo aspecto noble.

En 1920 se crea el Departamento de Censura, que dependería de la Secretaría de Gobernación, al cual varios alquiladores de películas –distribuidores y exhibidores- iniciaron una campaña pública adversa alegando que sus disposiciones eran bastante vagas “en sus alusiones condenatorias de lo “inmoral”. Pero, la objeción a la censura no acaecía por razones morales o culturales, sino más bien mercantiles, en la que los alquiladores de películas aceptaban las instrucciones del Departamento de Censura, siempre y cuando otra cooperación respetable les diera previa aprobación. La censura se ejercería principalmente contra el cine de ficción.

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